Reformas educativas tras el rescate

Emilio Martín Palacios
Salamanca
 

Informes de coyuntura

El desempleo, pesado lastre que amarga a los gobiernos y a los ciudadanos; la deuda soberana, que encarece las cargas financieras del Estado en la captación de los recursos ajenos necesarios para hacer frente a los gastos corrientes del propio Estado; las dificultades de liquidez de la banca española, aún no recuperada de las abusivas y arriesgadas inversiones en el sector inmobiliario y sumida en una crisis interna de magnitudes insospechadas; el déficit creciente de nuestros balances, comercial y presupuestario; la prolongada ausencia de créditos que faciliten y estimulen la inversión productiva; la atonía del mercado interior de consumo que oscurece, día a día, las débiles expectativas de crecimiento; la continua tendencia negativa de evolución del PIB, que confirma, trimestre a trimestre, la recesión en la que estamos inmersos; son, todos ellos, complicados e incontrolables procesos que tanto el ministro de Economía y Competitividad como el titular de la cartera de Hacienda, ambos pretendidamente optimistas y relajados, exponen a los medios de comunicación, para general conocimiento. Todo ello precisa de análisis económicos pormenorizados y del comentario de expertos para la correcta interpretación y valoración de los mismos.

Los españoles, con el ánimo por los suelos, recibimos información impresa y audiovisual y percibimos, preocupados y temerosos, el empeoramiento o la evolución ligeramente positiva de los indicadores económicos, que entendemos un poco más cada día, por culpa de la reiteración de datos diarios o semanales.

Previsiones erróneas y arriesgadas

En períodos de bonanza económica más o menos duradera, en fases de crecimiento anual positivo, los gobernantes, nacionales, autonómicos y locales, no escatiman gastos, protagonizan inversiones, a destajo, en obras faraónicas; recalifican terrenos, acometen y aprueban planes urbanísticos que se oponen a la razón y agreden sin escrúpulos al medio natural y social que dicen proteger;  dotan, sin mesura, de infraestructuras y servicios a la asombrada ciudadanía que les respalda. Con todo ello ganan votos y se aseguran, aspiran a ganarse la reelección, con vistas a culminar proyectos iniciados e infraestructuras pendientes. Invierten, sin descanso, para generar renta y crear empleo, para dilapidar, seguramente, caudales públicos necesarios en coyunturas menos ventajosas.

Las crisis cíclicas del sistema de mercado del que dependemos, nos recuerdan la imposibilidad real de crecimiento continuado e imparable, nos obligan a tomar conciencia de la necesidad de limitar expectativas ambiciosas y reducir beneficios, en los ámbitos doméstico, empresarial e institucional. Los presupuestos son, en consecuencia, brutalmente adelgazados, cesan las cuantiosas inversiones, se produce una drástica reducción de gastos; la única salida es el recurso al endeudamiento, el déficit  crece incontrolado, la presión fiscal incide negativamente en las rentas para reducir desequilibrios.

Decisiones (i)rracionales y actuaciones (i)rresponsables

Las teorías hasta aquí enunciadas devienen situaciones personales desesperadas, deterioran expectativas y entornos de bienestar familiares, determinan el cierre de empresas por falta de liquidez, destruyen empleo como consecuencia de los desajustes contables, contribuyen definitivamente a la precariedad social, laboral y económica.

¿La solución? Ajustes, reducciones, recortes, precariedad laboral, despidos, dificultades crecientes para un número también creciente de ciudadanos y familias para llegar sanos y salvos a fin de mes. Los responsables económicos están apremiados a drásticas reducciones de gasto y han  de tomar necesariamente decisiones impopulares y nada beneficiosas para la mayoría de los colectivos ciudadanos. Si las medidas adecuadas no entran en vigor a tiempo, el riesgo de  llegar tarde o apresurar el paso, en exceso, al final, puede ocasionar tropezones y caídas que debieron ser evitadas con antelación.

En Educación, las reformas se ralentizan. Los profesionales suelen repetir que las reformas educativas han perdido parte de su frescura y funcionalidad cuando su implantación es completa. Y lo que es más grave, y preocupante: las fuerzas políticas que, alternativamente ejercen tareas de gobierno, por mandato de sus votantes, pero para toda la ciudadanía, asumen como prioridad intervenir la educación y modificar los supuestos en que se fundamenta el modelo educativo precedente. Aspiran a cambiar la educación para mejorar la sociedad que sueñan.

¿Qué estudios rigurosos previos justifican las medidas de intervención? ¿Qué sistema de detección de necesidades avalan los anuncios ministeriales de reformas, aun cerrada la cartera apenas recogida de manos del anterior titular?

La complejidad de una reforma educativa de envergadura no es asunto menor de gobierno ni puede ser acometida con premura y precipitación, sin anterior y justificada definición de los objetivos a conseguir; sin estudio pormenorizado de los riesgos que pueden derivarse; sin convicción definitiva de las ventajas que está llamada a aportar al sistema educativo aun vigente.

Es ineludible, además, disponer de los necesarios recursos humanos y técnicos, aptos y preparados para iniciar los cambios a ejecutar y, no menos importante, habilitar dotaciones presupuestarias suficientes para no quedarse a mitad del camino, apenas iniciada la trayectoria reformadora.

El ministerio de Educación, Cultura y Deporte gestiona y administra un triple ámbito de intereses genéricos dispares, sometido a vaivenes ideológicos y postulados de partida de difícil sustentación en el siglo XXI. La Educación, con mayúscula, la gestión del voluminoso acervo de personas y recursos que asumen y protagonizan la ingente tarea de mejorar el nivel cultural, académico, científico e investigador de la sociedad española, desde la Educación Infantil a los postgrados universitarios, no constituye entidad suficiente  para emanciparse definitivamente de otros ámbitos, fuertemente adheridos a la educación nacional de tiempos pasados, con exaltación del vigor juvenil, la defensa de la cultura tradicional y la practica del deporte, como estímulos de superación personal y colectiva.

¿Reformas de calidad?

El estudio y diagnóstico de las causas del llamado fracaso escolar no responde a la observación y valoración, in situ, de las dinámicas derivadas del ideario y proyecto educativo que fundamenta el trabajo de los equipos de centro; no produce informes relativos a la valoración de la calidad de los procesos de aprendizaje de cada nivel y etapa; no considera los resultados formativos y académicos como producto derivado de los citados procesos de enseñanza-aprendizaje en marcha; no valida los proyectos programados desde la eficacia y ejecutados desde la eficiencia, no penaliza incumplimientos en el diseño del modelo, no corrige carencias o insuficiencias graves en el desarrollo y ejecución de los procesos inherentes a dicho modelo, no sanciona errores ni promueve la corrección de quien manifiesta incapacidad para la educación o la docencia.

El proyecto educativo de centro, la programación general anual que el equipo directivo supervisa y valida, las propuestas y programaciones didácticas que cada departamento elabora y dispone como guía de trabajo en cada jornada y hora del año académico correspondiente; el plan de acción tutorial, entendido como eje en torno al que gira la acción educativa compartida con la familia; el modelo de evaluación y calificación, con los criterios e instrumentos que en equipo se determinan para el debido aprovechamiento y seguimiento de los alumnos en cada nivel y etapa; el plan de convivencia y disciplina, integrado en el plan de acción tutorial, promotor de valores y comportamientos acordes con el proyecto educativo y el ideario, constituyen los soportes que fundamentan los logros educativos y predisponen  aprendizajes significativos.

Tales documentos, fruto de la dedicación y del trabajo de los equipos de centro, son validados o reelaborados cada año, rigen supuestamente la acción educativa y docente en los respectivos centros, y son recibidos y registrados por las direcciones provinciales, supervisados por la inspección educativa, órganos, ambos, responsables finales de la acción que dimana de la política educativa de la consejería.

Finalizado el curso académico, son prescriptivas las memorias de lo realizado en cada materia, curso, nivel, etapa y departamento: grado de consecución de los objetivos programados, nivel de adecuación entre supuestos y contenidos programáticos y resultados obtenidos, a vista de las actas de evaluación, firmadas por jefaturas de estudio y direcciones pedagógicas de los centros, así como por el profesorado responsable de cada materia curricular.

En junio finaliza el curso en la Educación Secundaria y el 10 de julio es el plazo máximo de entrada de memorias y resto de documentación académica en el registro de la Dirección Provincial de Educación. En septiembre, tras las vacaciones, vuelta a empezar. Y así un año, otro y otro. Los planes de calidad y las propuestas de mejora engrosan necesariamente las carpetas de archivos, en papel impreso o digitalizadas, pero ahí finaliza su trayectoria. No hay menciones al éxito educativo y docente de centros con alto nivel de exigencia y cualificación, ni existe apercibimiento o penalización alguna a aquellos otros centros escolares cuyos incumplimientos, desajustes organizativos y académicos derivan en alteraciones del orden y muy bajos rendimientos educativos y  calificaciones académicas.

Poco más puede hacer la administración educativa que el control y registro de la compleja y completa documentación preceptiva, la comunicación a las direcciones y claustros de los cambios normativos habidos, la promoción de programas y actividades de mejora para el profesorado y el seguimiento puntual de irregularidades y conflictos, si se producen, con la consiguiente apertura de procedimientos disciplinarios, o judiciales, en su caso.

La insuficiente autonomía de los centros

¿Qué posibilidades de intervención educativa tienen los propios centros?

Todas, si los respectivos equipos educativos y docentes de centro comparten, con espíritu de empresa, el análisis y evaluación del proyecto que inspira su trabajo; todas, si los equipos directivos asumen la necesidad de dar respuesta eficaz a las demandas de los alumnos y sus familias; todas, si el plan de acción tutorial, lejos de constituir una hora perdida para los alumnos y una hora de suma complejidad para la mayoría de profesores, es reconducido como instrumento de participación, puesta en común de hábitos de diálogo y búsqueda de alternativas a las dificultades de todo tipo que en cada curso y grupo de aula se producen; todas, sí, si los planes de convivencia y disciplina aprobados por los equipos directivos, contenidos en los Reglamentos de Régimen Interior dejan de ser papel de archivo y animan y dinamizan el progreso colegial, desde Infantil a Bachillerato. Todas, si la actividad académica diaria busca el progreso personal del alumno, su continuada capacitación y cualificación, el progresivo dominio de competencias y habilidades, propias de cada nivel y etapa.

¿Qué causas y motivaciones interfieren la mejora continua en los centros?

No es fácil, ciertamente, cambiar rutinas personales y hábitos de trabajo consolidados durante años y años de docencia. Es difícil y complicado, seguramente, introducir y llevar a cabo de manera paulatina, propuestas de mejora continua y programas para la calidad que exigen dedicación y trabajo en equipo. Pero es el centro el ámbito específico de propuestas de calidad hasta la excelencia y el espacio integrado adecuado para ejecutar las necesarias innovaciones y planes de mejora. Solo los claustros de profesores y equipos de centro tienen conocimiento preciso de las peculiaridades de sus alumnos, de las estructuras familiares y sociales dominantes en el entorno escolar urbano; solo los claustros de profesores pueden estudiar, decidir y asumir estrategias de impartición de conocimientos y modelos de evaluación de procesos y resultados; solo los departamentos y comisiones pueden asumir los compromisos necesarios de calidad docente y educativa, relativos a la acción tutorial y a la convivencia diaria en horario escolar; solo equipos integrados, animados por el mismo ideario y proyecto educativo pueden promover las necesarias reformas y supervisar la ejecución coherente y eficaz de las mismas.

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte corresponde estimular tales planes de mejora y calidad, impulsar y favorecer su ejecución ordenada y validar el progreso académico y los logros educativos derivados de los planes de mejora diseñados y ejecutados en cada centro. Ojalá al ministerio llegaran emprendedores, jóvenes o maduros, dispuestos a conocer el entramado complejo de relaciones entre alumnos, familias, profesorado y equipos directivos. Los colectivos integrantes de la comunidad educativa de centro deben asumir el rol específico que corresponde a cada uno de ellos -alumnos, familias, profesorado, personal no docente y equipo directivo- y ponerse a trabajar de manera racional y solidaria. Nos va mucho en ello. La sociedad -sus pautas de comportamiento, hábitos de vida y trabajo, valores o disvalores dominantes, doctrinarismos excluyentes o supuestos ideológicos que el tiempo ha dejado en desuso- española mejorará con el tiempo, emprenderá un camino de progreso deseable, erradicará posicionamientos absurdos, será más tolerante y solidaria, adoptará postulados de convivencia responsable, desarrollará modelos de producción y consumo de bienes, acordes con el tiempo que vivimos. El proceso de mejora será más y más largo, si no ponemos manos a la obra enseguida. La educación no produce beneficios a corto plazo, pero su contribución es ineludible en el medio y largo. Educar es poner en común expectativas y sueños, problemas y soluciones, presente y futuro de nuestra sociedad.

Reformar en tiempos de crisis

Las reformas educativas ministeriales, en tanto que cambios superficiales y luchas políticas, entre partidos y gobiernos, solo retrasarán la solución de los problemas que aquejan nuestro sistema educativo. Las reformas comienzan en los centros y tienen como beneficiarios preferentes a sus alumnos y familias, a los equipos de centro, al propio centro y al contexto social en que se encuentra radicado.

Las medidas a tomar, en Educación, se posponen sine die, en función de doctrinas y personalismos. La necesaria reforma educativa no es considerada de urgencia. En la Educación Secundaria, obligatoria y postobligatoria, el ahorro presupuestario es traducido a recortes impuestos. Los avances educativos y docentes, trabajosamente conseguidos, son rebajados a mínimos. Los soportes de una educación de calidad -nº de alumnos por aula, detección de necesidades específicas en determinados alumnos, atención a la diversidad en el aula, programas de refuerzo y apoyo, atención y detección de altas capacidades, labor tutorial con alumnos y familias- son derrumbados sin contemplaciones, pocos lamentan las situaciones creadas, nadie se responsabiliza de los perjuicios ocasionados a los alumnos y a la sociedad. Poco ha importado siempre, y menos ahora, la investigación educativa, los programas de formación permanente y perfeccionamiento del profesorado, el estudio e investigación de las causas del fracaso escolar, la insuficiente capacitación académica y técnica de gran número de jóvenes que finalizan su escolaridad sin haber alcanzado la necesaria cualificación y madurez para acceder a estudios postobligatorios o incorporarse al mercado de trabajo.

Las responsabilidades se diluyen, los proyectos de mejora son olvidados, el nivel de capacitación de niños y jóvenes se verá relajado, sin duda, la escuela no mejora. Los responsables políticos lamentan el estado de la educación.  La herencia recibida es el socorrido recurso de nuestros actuales gobernantes y burda muestra  de la propia incompetencia de quien recurre a tan falaz argumento.

Conclusión

La educación es la clave. La plena capacitación de niños y adolescente es el objetivo prioritario de la Educación Secundaria; la orientación académica y profesional derivará, al finalizar la etapa obligatoria, a un Bachillerato antesala de la Universidad o a la Formación Profesional, debidamente atendida y potenciada. La Educación Superior se convierte, de esta forma, en síntoma del progreso y dinamismo de una sociedad. Todos de acuerdo.

Los devaneos se producen cuando se trata de dar los primeros pasos definitivos: el articulado de la ley evidencia disparidades ideológicas y votos particulares. El estudio en comisión desencadena el conflicto crónico entre modelos de sociedad y de concepción del servicio público. Los grupos parlamentarios pretenden imponer sus criterios y valoraciones, intransigentes hasta la aberración. El interés de los ciudadanos queda reducido a un juego de mayorías que se imponen. En el camino hasta la aprobación definitiva del articulado de la ley, las propuestas se desvirtúan y las leyes son promulgadas a riesgo de ser recurridas. No importan las carencias detectadas, no valen prioridades colectivas. Los logros de unos van a ser sometidos a la presión de los otros, importa un comino el progreso educativo de infantes y adolescentes. Las leyes pasan pero los malos hábitos permanecen. Diez años después, nos convencemos de que hay que volver a empezar. El proceso se repite.